Colapso
financiero en Naivasha
Los
trabajadores en apuros...
▪ A
principios de agosto de 2013, 3 mil trabajadores de la granja florícola de
Karuturi, de 200 hectáreas, en Naivasha, Kenya, se fueron a huelga exigiendo
los salarios que no les habían pagado. Ésta no era la primera vez que en épocas
recientes paralizaban labores, pero quizá fue el inicio de la más empinada
espiral de caída desde que Karuturi compró la granja en 2007. Incluso los empleados mantuvieron como rehén al
administrador durante unas horas.
▪ A
mediados de agosto de 2013, cerró el Hospital Karuturi, perteneciente a la
granja florícola. En ese punto, la granja tenía una cuenta de luz eléctrica sin
pagar equivalente a 140 mil euros, por lo que les cortaron el suministro de
electricidad. Previamente, el hospital daba servicio a 30 mil personas al mes.
▪ Para
septiembre del mismo año, hubo varios informes de que la Escuela Karuturi, que
daba servicio a los niños de los jornaleros de la granja, cerró
“indefinidamente”. Los maestros que, al igual que los jornaleros agrícolas, no
habían recibido su paga, repentinamente se vieron sin empleo.
▪ El
primero de octubre de 2013, el senador por Nakuru, James Mungai, criticó a los
sindicatos obreros por no intervenir cuando las cosas “comenzaron a ir mal” en
la granja florícola de Karuturi.
▪ El 5 de
octubre, Francis Atwoli, secretario general de la Organización Central de
Sindicatos de Kenya (COTU por sus siglas en inglés), escribió al secretario del
Trabajo de Kenya, Kazungu Kambi, llamando al arresto y enjuiciamiento de la
administración de Karuturi por no haberle pagado a más de 4 mil empleados en
Naivasha durante seis meses completos. Karuturi respondió con una declaración
pública diciendo que, de hecho, el sindicato estaba incitando a los
trabajadores a no cobrar sus salarios.
▪ El 10
de octubre, las cortes locales ordenaron a Karuturi a encarar el “deterioro
creciente” de las condiciones de vida y trabajo de sus empleados, notablemente
la falta de agua y electricidad.
▪ Están
documentados varios intentos de suicidio entre los jornaleros agrícolas de la
granja. El 24 de septiembre de 2013, tres obreros intentaron cometer suicidio
debido al sufrimiento de sus familias resultado de los sueldos caídos. En
diciembre de 2013, se reportó que un trabajador de la granja, que no había
comido en siete días, se colgó, desnudo, fuera de las rejas de la granja en un
acto desesperado.
▪ El 29
de diciembre, COTU apeló de nuevo al gobierno, esta vez dirigiéndose
directamente al presidente Uhuru Kenyatta, para que interviniera, y afirmó que
los trabajadores no habían recibido sus sueldo durante un año completo.
Una y
otra vez, la administración de Karuturi Farms negaba el asunto de los sueldos
sin pagar o culpaba a los bancos o a los sindicatos mismos. Los accionistas en
India, mientras tanto, hacían a un lado el problema, alegando que era un
“problema de flujo de caja”.
Y los
acreedores también...
▪ El 7 de
agosto de 2013, Allpack Industries Ltd, miembro del IPS Group, que aglutina a
compañías que funcionan dentro del Fondo Aga Khan para el Desarrollo Económico,
levantaron una demanda legal contra Karuturi Ltd. La demanda llamaba al cierre
de Karuturi con base en la insolvencia financiera. Karuturi le debe a Allpack
465 mil dólares por entregas de cartón realizadas entre septiembre de 2011 y
mayo de 2013. Su exigencia era que el Estado kenyano asumiera y solventara las
obligaciones relevantes de Karuturi para con los los acreedores y para con sus
trabajadores, y pusiera la compañía bajo administración judicial.
Supuestamente, esto posibilitaría que la granja florícola, alguna vez boyante,
que producía cerca de un millón de rosas diarias, fuera vendida a dueños más
responsables.
▪ Para
diciembre de 2013, el sindicato de trabajadores agrícolas de plantación en
Kenya [Kenya Plantation Agriculture Workers Union] y diez compañías kenyanas se
unieron a la demanda legal emprendida por Allpack contra Karuturi. Las diez compañías eran: AgriChem & Tools, Juanco SPS, Signode
Packaging Systems, Comhard Ltd, Shanghai Plastics Company Polythene Industries,
IRRiCO International, Maina Njuguna & Associates, CFC Stanbic Bank e Inter
Labels Africa.
▪
Originalmente, la audiencia de la corte que llevaba el caso de la demanda se
programó para el 25 de octubre de 2013, pero la corte no pudo sesionar ese día.
Se pospuso entonces para el 13 de diciembre de 2013, pero como era un día
feriado no pudo sesionar tampoco. Se pospuso entonces para 2014. El despacho de
abogados en pro de la demanda fue Daly & Figgis.
▪ A fines
de 2013, llegaron informes de que ya no se hacían entregas a la granja de
Karuturi y que la producción de rosas había parado virtualmente en las
instalaciones de Naivasha.
▪ El 24
de enero de 2014, la agencia de información de inversiones y calificación de
créditos de la India [Investment Information Credit Rating Agency Ltd (ICRA)],
degradó los términos de los préstamos a Karuturi y los límites basados en los
fondos, de “B”+ a “C”, basados en las recientes demoras de la compañía para
cumplir con sus deudas. Los instrumentos calificados en ICRA como “C” son
“considerados como de alto riesgo de incumplimiento de acuerdo a la puntualidad
o no de sus obligaciones financieras”
▪ El 10
de febrero de 2014, Karuturi Ltd, fue puesta bajo administración judicial por
el CFC Stanbic Bank con miras a disponer de los activos de la firma y recuperar
pagos que solventaran 400 millones de Ksh (3.5 millones de euros o 5 millones
de dólares). Para satisfacción de COTU, los nuevos administradores aseguraron a
los trabajadores que les pagarían salarios caídos hasta diciembre de 2013.
Un viraje
repentino en la disputa fiscal en Nairobi
▪ El 11
de diciembre de 2013, se divulgó que la autoridad de ingresos de Kenya [la
Kenyan Revenue Autority (KRA)] le concedía a Karuturi una reducción en la
disputa fiscal. Justo unos meses antes, en abril de 2013, se reveló que KRA
había determinado que Karuturi debía pagar cerca de 11 millones de dólares en
impuestos por actividades empresariales, debido a la manipulación de sus
precios de transferencia, parte de una serie mayor de disputas fiscales con las
autoridades gubernamentales que sumaban una cuarta parte de las ventas de la
firma en 2012. Este hallazgo únicamente se relacionaba con lo tocante a los
años fiscales 2008-2009, mientras KRA planeaba, todavía, auditar a la empresa
en lo relacionado con los años 2012-2013. No obstante, por alguna razón, KRA
redujo el monto debido a 4 millones y fijó el arreglo en esa cantidad. No hemos
podido obtener explicación alguna del gobierno de Kenya de porqué ocurrió una
reducción tan dramática del monto de impuestos que se había fijado a causa de
la manipulación de los precios de transferencia.
Licencia
para operar en Etiopía, incluso con deudas
▪ Hacia
fines de 2012, Karuturi estaba muy retrasado en sus planes de concretar
operaciones agrícolas enormes en Etiopía. La primera cosecha de la concesión de
100 mil hectáreas en Gambela fue destruida por la inundación de 2011 y la
administración de Karuturi reveló que la compañía sólo había podido cultivar 4
mil hectáreas de maíz en 2012 y planeaba alcanzar apenas las 5 mil hectáreas
hacia abril o mayo de 2013. El contrato de la compañía, renegociado en 2010,
estipulaba que debería cultivar la totalidad de las 100 mil hectáreas dentro de
un plazo de dos años. En enero de 2012, la compañía insistió en que cultivaría
cerca de 60 mil hectáreas de tierra a lo largo de dos temporadas.
▪ Las
autoridades etíopes están frustradas por el lento progreso. “Tengo que ser
franco, no cumplieron nuestras expectativas”, dijo el ministro de Agricultura,
Tefera Derbew, en una entrevista de junio de 2013, con The Hindu. “Nos habría
gustado ver que la tierra se desarrollara en un periodo corto de tiempo [pero]
ni la implementación de Karuturi, ni la de Saudi Star y otros, son de nuestra satisfacción”
▪ En
marzo de 2013, 92 trabajadores etíopes de las instalaciones de Karuturi en
Gambela emprendieron una acción legal ante el departamento del Trabajo y
Bienestar Social alegando que sus salarios estaban retrasados hasta 20 días y
que la compañía no les otorgaba credenciales de identidad, equipo de seguridad,
tratamiento médico apropiado ni residencia apropiada. El departamento encontró
a trabajadores viviendo en hacinadas barracas de metal, sin la ventilación
apropiada, y comenzó a investigar los alegatos de que las pensiones de los
empleados, deducidas de los salarios de la compañía, no eran depositadas con el
departamento gubernamental pertinente.
▪ En mayo
de 2013, los trabajadores de Karuturi le dijeron a The Hindu que la compañía
contaba con tan poco efectivo que no tenía combustible para los tractores y que
la compañía rentaba su equipo a otros inversionistas en Gambela.
▪ Para
diciembre de 2013, una fuente dentro del gobierno regional de Gambela confirmó
a Anywaa Survival Organisation (ASO) que Karuturi y varios otros inversionistas
extranjeros con enormes espacios agrícolas rentados estaban siendo investigados
por sus actividades ilegales, incluyendo corrupción, destrucción ambiental y el
no cumplimiento de sus contratos. Las fuentes locales también le dijeron a ASO
que las operaciones agrícolas de Karuturi en Gambela habían cerrado, y que la
compañía había retirado sus tractores y otra maquinaria de la granja.
▪ En ese
entonces, las cosas también parecieron empeorar para las operaciones florícolas
etíopes. En diciembre de 2013, una fuente local de ASO dijo que la granja
florícola de Karuturi en Holeta, Oromia, había dejado de funcionar. Entretanto,
un periodista de Bloomberg le dijo a GRAIN que la oficina de Karuturi en Addis
Abeba había cerrado y que la gente decía que la habían mudado a otra localidad.
▪ El 10
de enero de 2014, la Inteligencia Africana informó que durante la última semana
de diciembre de 2013, la Agencia de Inversiones de Etiopía (EIA por sus siglas
en inglés) publicó una lista de 3 mil permisos de inversión concedidos a
compañías etíopes y extranjeras que la agencia intenta revocar debido a que los
seleccionados no habían procedido con sus proyectos de inversión de acuerdo con
los calendarios acordados. Una de las compañías de la lista era Karuturi Global
Ltd. La EIA dijo que las compañías podrían mantener sus licencias si
“proporcionaban razones persuasivas y aceptables”
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